Publicado: 31 de Marzo de 2020

 Tras el Real Decreto Ley (RDLey) 7/2020, de 12 de marzo, y el Real Decreto (RD) 463/2020, de 14 de marzo, llega el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este RDLey, publicado en el BOE del 18 de marzo, entra en vigor desde ese mismo día conforme a su Disposición Final Novena, y mantiene su vigencia durante un mes - hasta 17 de abril de 2020 -, “sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo” (Disposición Final Décima).

 

Por si hubiera, alguna duda, en la página web de la AEAT, hoy día 18 de marzo, figura un banner con el siguiente mensaje:

 

“La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto que declara el estado de alarma, no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias”

 

Por tanto, tampoco afectan estas medidas a las obligaciones tributarias formales, sin contenido económico pero muy relevantes muchas de ellas (Modelo 720, por ejemplo), que no son contempladas en modo alguno ni en aquel precepto ni en ningún otro. Esto significa que su exigencia no se ve modificada en modo alguno en la situación actual.

En el capítulo de omisiones queda pendiente saber qué sucederá con la campaña de Renta, envío de borradores, etc., cuando nos hallamos a unas pocas semanas de su inicio.

A tal efecto, se ha tenido en cuenta lo dispuesto sobre suspensión de plazos administrativos para el ámbito de los procedimientos de entidades del sector público a que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 20 de marzo, de declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, si bien con un ámbito especial y más concreto, el de ciertos procedimientos tributarios, y con un horizonte temporal a favor del obligado que puede superar el de vigencia inicial del estado de alarma. Por esta misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento.

 Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

a) El plazo será de seis meses.

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

 

 

URGENTE: Certificados electrónicos de próxima caducidad

En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar, se informa que la AEAT permite el uso de los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

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